Informe sobre $Libra compromete en la estafa a los hermanos Milei
El documento, de 204 páginas, identificó un "patrón" vinculado a estafas previas con criptomonedas e involucró no solamente al presidente sino también a su hermana Karina Milei.
La Comisión Investigadora especial dio a conocer su informe final sobre la estafa de la criptomoneda $LIBRA, instando formalmente al Congreso de la Nación a evaluar si el presidente Javier Milei incurrió en "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones". El documento, de 204 páginas, señala que la promoción pública realizada por el mandatario en febrero de 2025 desde su cuenta oficial y verificada de X (antes Twitter) fue una "condición necesaria" para que el "ardid" y el "engaño" a miles de inversores pudieran concretarse.
Según el informe, la participación de Milei no fue un hecho aislado, sino parte de un "patrón sostenido" de acciones que comprometen la investidura presidencial. Se detalla que el jefe de Estado ya había promocionado previamente, junto a los lobbystas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, otras tres operatorias similares con criptomonedas como KIP Protocol, Coin X y Vulcano. Los diputados opositores argumentaron que las afirmaciones del Presidente de desconocer los pormenores del proyecto carecen de sustento fáctico, ya que sin su promoción el proyecto "$LIBRA no habría alcanzado el volumen de compras registrado".
El documento también involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por haber autorizado el ingreso a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos de los lobbystas y empresarios promotores de lo que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional. La Comisión critica que el presidente no consultó a los organismos de control antes de promocionar el criptoactivo, evidenciando una "conducta sostenida que desdibuja los límites entre lo público y lo privado".
En sus consideraciones finales, la Comisión Investigadora fue categórica al señalar que la promoción de un token no auditado, la inacción ante advertencias y el uso de instalaciones oficiales para facilitar encuentros con los promotores constituyen conductas que "exceden el marco de decisiones discrecionales" y son "incompatibles con el ejercicio adecuado de sus deberes constitucionales". Por ello, el Congreso deberá ahora evaluar la responsabilidad política del Presidente ante el presunto mal desempeño de sus funciones.
