La "mafia del desmonte" vuelve al fuero federal por decisión de Casación
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la causa conocida como la "mafia del desmonte" continúe bajo la órbita de la justicia federal. Con la firma del juez Gustavo Hornos, el máximo tribunal penal dejó sin efecto las resoluciones que habían declarado la incompetencia federal y ordenó reactivar la investigación en ese fuero, al considerar que los hechos denunciados tienen trascendencia ambiental interprovincial y posibles delitos conexos de carácter federal.
El expediente se inició tras la presentación de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, que denunció una presunta red conformada por empresarios y funcionarios provinciales destinada a habilitar desmontes ilegales sobre áreas protegidas. Según la acusación, la maniobra permitió el ingreso de maquinaria pesada en zonas de bosque nativo, generando la destrucción masiva de flora, fauna y especies en peligro, y transformando sectores completos de la selva chaqueña en terrenos similares a "un páramo desértico".
La denuncia también señala posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, asociación ilícita, malversación de fondos públicos y lavado de activos, en el marco del presunto uso irregular de recursos nacionales destinados a la protección del monte nativo.
La decisión de Casación respondió a los recursos presentados por el fiscal general Federico Carniel y la querella encabezada por el abogado Enrique Viale, quienes sostuvieron que la investigación fue derivada de manera prematura y sin fundamentación suficiente. Ambos remarcaron que el daño ambiental denunciado afecta más de una provincia y compromete ecorregiones compartidas, un factor clave para justificar la competencia federal.
En su resolución, Hornos destacó la importancia de preservar el derecho constitucional a un ambiente sano y enfatizó que la ausencia de peritajes definitivos sobre el impacto ambiental no puede frenar la investigación. También subrayó la relevancia de informes técnicos, documentos oficiales y registros del traslado de madera entre distintas jurisdicciones, que respaldan el carácter interprovincial del presunto daño.
La sentencia, fechada el 17 de noviembre de 2025, ordena que la causa continúe en el fuero federal, donde deberán completarse peritajes, análisis de pruebas y nuevas medidas para determinar el alcance real de las maniobras investigadas.
