Reabren una causa por corrupción que involucra a más de 200 imputados en La Rioja
La Justicia federal volvió a poner en marcha una de las investigaciones por corrupción más grandes de los últimos años en La Rioja, donde se analiza el presunto desvío de unos $800 millones que estaban destinados a la construcción de viviendas, pero habrían terminado en manos de funcionarios y candidatos durante campañas electorales.
El expediente, iniciado en 2016 tras una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), estuvo a punto de quedar archivado, pero recuperó impulso por impulso de la fiscal federal María Virginia Miguel Carmona, quien reactivó la producción de pruebas y la toma de testimoniales. En total, 228 personas —entre ellas exfuncionarios provinciales— y unas 30 asociaciones civiles están imputadas.
Aunque en el expediente aparece mencionado el entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, la fiscal aclaró que no está imputado y que el foco está puesto en funcionarios riojanos de la gestión que encabezaba Sergio Casas y su antecesor, Luis Beder Herrera.
La causa investiga presuntas maniobras de defraudación contra el Estado, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y lavado de activos. Parte del dinero provenía de fondos nacionales destinados a obras de vivienda, ejecutadas mediante ONG creadas presuntamente de forma ad hoc, sin antecedentes y con vínculos con la propia estructura política provincial.
Según la denuncia de la Oficina Anticorrupción —que entonces dirigía Laura Alonso— las organizaciones "Futuro", "Amanecer" y "Nuevo Atardecer" recibieron millones para construir viviendas, pero el dinero era retirado en efectivo del Nuevo Banco de La Rioja, en operaciones que violaban las normas bancarias. La sospecha es que esos fondos eran luego entregados a funcionarios y candidatos locales para financiar campañas.
Las maniobras también quedaron bajo la lupa por la denuncia del entonces Nuevo Banco de La Rioja —entonces perteneciente al Grupo Ick, de Santiago del Estero— al Banco Central. La entidad advirtió que las ONG movían grandes sumas en efectivo sin control ni justificación, lo que motivó el cierre de las cuentas. En 2015, el banco fue estatizado y rebautizado como Banco Rioja.
La investigación terminó fusionando dos denuncias: la de la Procelac y la de la Oficina Anticorrupción. Ahora, la fiscal Carmona pidió informes bancarios, registros de propiedades, vehículos, contratos, convenios y documentación complementaria, además del aporte de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
En la causa también surgió un antecedente político: en 2013, el exdiputado Julio Martínez había denunciado públicamente que "Lázaro Báez compró un avión y todos los martes venía a buscar plata", aunque nunca pudo precisar si el destino era la provincia.
Con cientos de imputados, un entramado de ONG, fondos federales, operadores políticos y movimientos bancarios en efectivo, la Justicia busca reconstruir qué ocurrió con los $800 millones que debían financiar viviendas sociales en La Rioja y que, según la acusación, habrían terminado financiando candidaturas y estructuras políticas. La causa sigue en plena etapa de recolección de pruebas.
