Proponen ley para reutilizar desechos de obras en construcción o demolidas
Tiene como principal meta reducir la generación de Residuos de Construcción y Demolición.
Se presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley por el cual se busca establecer un marco normativo para la reutilización de materiales de construcción provenientes de obras públicas. La iniciativa, titulada "Fomento a la Economía Circular en la Construcción Pública", tiene como principal meta reducir la generación de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y transformar lo que hoy es un desecho en un recurso valioso.
El proyecto propone la obligación para todas las dependencias del Estado Provincial que realicen o contraten obras, de clasificar y recuperar elementos como ladrillos, bloques, aberturas, maderas y metales. Estos materiales deberán conservar sus propiedades para ser reutilizados en su función original o similar.
La propuesta de la Presidenta de la Legislatura, Carmen Delgado, se fundamenta en los principios de Economía Circular, Reducción de Residuos y Sostenibilidad Ambiental, buscando optimizar el uso de los bienes del Estado y mitigar el impacto ambiental.
Un eje central del proyecto es la creación del Registro Provincial de Materiales de Construcción Reutilizables (REPROCMA). Este registro será público, gratuito y digital, y tendrá la función de inventariar y centralizar la información sobre los materiales disponibles, facilitando su acceso a la comunidad.
La disposición final de los materiales recuperados, una vez que el proyecto se convierta en ley, será priorizada mediante la entrega gratuita a cooperativas de trabajo, emprendedores de la economía social, organizaciones sin fines de lucro y a particulares con necesidades justificadas. De esta forma, el proyecto busca no solo la eficiencia ambiental, sino también fomentar la Economía Social y el desarrollo de proyectos comunitarios.
La autoridad de aplicación designada en el texto es la Subsecretaría de Obras Públicas, en coordinación con la Subsecretaría de Ambiente, quienes se encargarán de la reglamentación, capacitación y administración del Registro. Esta propuesta innovadora busca posicionar al Chaco a la vanguardia de una gestión pública más eficiente y sostenible.
