Polémica en el Caso Cecilia: Celeste Segovia es empleada de Gobierno y defiende a César Sena

La defensa de César Sena, principal acusado en el femicidio de Cecilia Strzyzowski, sumó un nuevo foco de controversia en el ámbito judicial y político chaqueño con la incorporación de la Dra. Celeste Luz Marina Segovia. La exdiputada provincial por el peronismo es actualmente empleada de planta permanente del Ministerio de Gobierno de la provincia, según trascendió públicamente. Esta situación genera interrogantes sobre una posible incompatibilidad ética y funcional, dado que el Ministerio de Gobierno actúa como querellante institucional a través de la Subsecretaría de Género y Diversidad en el mismo juicio en el que Segovia defiende al imputado.

Consultada por Alerta Urbana sobre esta presunta incompatibilidad, la Dra. Segovia confirmó su participación en el equipo de defensa junto a la Dra. Gabriela Tom. Sin embargo, aclaró que su situación laboral en el Ministerio de Gobierno está en regla: "Estoy con licencia ordinaria, remanente. Y no estoy litigando contra el Estado", expresó la letrada. Su argumento se basa en la figura de la querella institucional, sugiriendo que el Ministerio de Gobierno no es el principal o único querellante, diferenciando la acción directa contra el Poder Ejecutivo provincial.

No obstante, el debate sobre el conflicto de intereses persiste, incluso entre oyentes del medio. Un ciudadano identificado como Luis Sánchez aportó un contrapunto, señalando que, a pesar de estar de licencia, la Dra. Segovia "sigue siendo empleada del Estado". Además, subrayó que el Gobierno Provincial, a través de la Subsecretaría de Género y Diversidad, sí está constituido como querellante en la causa, lo que, a su entender, sí la pone de "alguna manera" contra el Estado, reforzando las dudas sobre el respeto a la normativa vigente que regula el ejercicio profesional de los empleados públicos.

La participación de una funcionaria de planta de una cartera que, a su vez, es parte activa y acusadora en el proceso, pone nuevamente en tela de juicio la ética pública y la transparencia del proceso judicial en un caso de alta sensibilidad social. La polémica obliga a profundizar la investigación sobre el alcance exacto de la licencia ordinaria y la situación administrativa de la Dra. Segovia, a fin de determinar si su rol como codefensora de César Sena cumple con todas las regulaciones que buscan evitar el conflicto de intereses.