El Gobierno Nacional anunció este viernes el inicio del proceso para la privatización de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), con el objetivo de transferir el 90% de las acciones a un operador estratégico. La medida abre un gran interrogante sobre el futuro de las tarifas y, principalmente, qué pasará con los usuarios que actualmente tienen deudas en sus boletas.

Según pudo saberse a partir del anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, el Gobierno por el momento no brindó detalles sobre cómo se gestionarán las deudas existentes de los usuarios una vez que la empresa pase a manos privadas. Esta es una de las principales incógnitas que se abre para miles de familias tras la decisión oficial.

Adorni justificó la medida argumentando que desde 2006 la compañía "requirió aportes permanentes del Tesoro Nacional por más de 13.400 millones de dólares" y que "hubo un fuerte deterioro de la infraestructura". Cuestionó además que durante la gestión anterior "se gastaron más de 4.800 millones de dólares en AySA, que funcionó como una plataforma de campaña".

El vocero aclaró que el proceso de privatización incluye la permanencia de los empleados como accionistas dentro del programa de propiedad participada, que representa el 10% del capital social de la empresa. El 90% restante se ofrecerá mediante una licitación pública nacional e internacional y una oferta pública inicial en la bolsa.