El Gobierno desregula los colegios privados: podrán fijar libremente sus cuotas y matrículas
El Gobierno nacional eliminó el régimen que regulaba las cuotas y matrículas de los colegios privados y habilitó a las instituciones a fijar libremente sus precios y condiciones sin autorización previa del Estado.
La medida fue oficializada este martes a través del Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.
El nuevo decreto deroga el histórico Decreto 2417/1993, que durante más de tres décadas había impuesto controles sobre los aranceles escolares y obligaba a los colegios a informar anticipadamente los valores a las autoridades y a las familias.
Qué establecía la norma derogada
El decreto dictado en 1993, durante la presidencia de Carlos Menem, fijaba un sistema de control estatal y transparencia obligatoria en los precios cobrados por los establecimientos privados.
Entre otros puntos, exigía que los institutos informaran por escrito el monto de la matrícula, el número de cuotas, los valores y las condiciones de reintegro o mora.
Además, establecía que los colegios debían presentar esa información ante la autoridad educativa antes del 30 de noviembre de cada año, y que, si no contaban con el acuerdo de la mayoría de los padres, debían mantener los valores del ciclo anterior.
Incluso, desde 1995, la norma obligaba a suscribir un "contrato de enseñanza" entre el colegio y las familias, donde debían constar los precios y condiciones del servicio educativo.
La autoridad de aplicación era la Secretaría de Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía, que podía intervenir ante incumplimientos o reclamos.
Qué cambia a partir de ahora
Con la publicación del nuevo decreto, los colegios privados ya no deberán informar ni solicitar autorización previa para modificar sus cuotas o matrículas.
Tampoco estarán obligados a establecer los valores con antelación, lo que les permitirá ajustar los precios en función del contexto económico.
El Decreto 787/2025 también instruye al Ministerio de Capital Humano a revisar el Decreto 2542/91 —que regula el financiamiento de la educación privada— para adecuarlo "a las condiciones actuales del sistema educativo".
"Chau a los saltos exorbitantes"
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la medida al comparar el esquema anterior con "una suerte de ley de alquileres" que forzaba a los colegios a fijar aumentos anuales anticipados.
"Con esta derogación se habilitan ajustes graduales y realistas, alineados con la evolución de la economía, sin saltos bruscos ni sobrecargos preventivos. Le decimos chau a los saltos exorbitantes", afirmó el funcionario en su cuenta de X (ex Twitter).
Los argumentos del Gobierno
Según el texto oficial, el régimen derogado "fue dictado en un contexto fáctico y normativo distinto al actual", cuando la administración de la educación dependía del Estado nacional y no de las provincias.
El Gobierno sostiene que el control previo de precios "creaba incertidumbre económica" para los institutos, que solían fijar cuotas más altas de lo necesario por temor a futuros costos sin cobertura estatal, lo que finalmente "perjudicaba a las familias".
Además, argumenta que la regulación "constriñe el derecho de propiedad de los establecimientos educativos", al impedirles definir libremente sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados.
En esa línea, el decreto reivindica el principio de libre contratación y asegura que los colegios deben poder "definir sus políticas de precios y compensaciones, en el marco de una competencia leal y en función de las demandas del mercado".
