La Nación abrió el diálogo con las provincias y aceptó discutir una nueva ley de coparticipación
Reuniones con los gobernadores de San Juan y de Córdoba.
El Gobierno Nacional, en un giro estratégico para consolidar gobernabilidad y apoyo legislativo, decidió intensificar el diálogo con las provincias. Este acercamiento, que busca distender las históricas tensiones en la relación fiscal, ha encontrado un punto neurálgico en la posibilidad de revisar el sistema de Coparticipación Federal de Impuestos.
Para ello, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli recibieron en Casa Rosada al mandatario de San Juan, Marcelo Orrego, y al de Córdoba, Martín Llaryora, quienes mostraron respaldos disímiles.
La movida se produce en un contexto de negociaciones políticas cruciales, donde el Ejecutivo busca asegurar la aprobación de leyes clave. Representantes del gobierno han estado llevando a cabo reuniones discretas con funcionarios de distintas jurisdicciones provinciales, mostrando una "apertura total" para abordar las preocupaciones de los gobernadores sobre la distribución de los recursos federales.
La discusión sobre la Coparticipación no es solo una táctica política, sino un mandato pendiente desde la reforma constitucional de 1994, que exige la sanción de un nuevo régimen. Al poner este tema sobre la mesa, el Gobierno no solo busca apaciguar a los mandatarios provinciales, sino que también establece un marco de negociación más amplio.
Fuentes cercanas a las conversaciones señalan que la intención del gobierno no es imponer una reforma inmediata, sino más bien incluir el tema en la agenda de discusión y reconocer que la actual distribución de fondos genera profundas asimetrías y descontento. Los gobernadores, por su parte, ven en este gesto una oportunidad para buscar una distribución más equitativa que reconozca sus necesidades de infraestructura y servicios.
El gesto del Gobierno Nacional marca una etapa de mayor pragmatismo y consenso en la relación con las provincias, priorizando el apoyo político necesario para avanzar con su agenda legislativa y económica. El diálogo sobre la Coparticipación, aunque complejo y con potenciales conflictos de interés, se perfila como la principal herramienta para construir puentes con el poder territorial.
