¿Crisis en el Insssep?: "Llegó el momento de sincerarse con los afiliados"
Un policía retirado de Resistencia denunció que su esposa, que padece cáncer y huesos de cristal, requiere dos sesiones de quimioterapia al mes, cuyo costo por dosis es de 18 millones de pesos, sumando un total de $36 millones.
La situación del INSSSEP, la obra social de la provincia del Chaco, fue expuesta crudamente a partir de la denuncia de un policía retirado, cuya esposa, afiliada, padece cáncer y requiere un costoso tratamiento de quimioterapia.
El denunciante reveló en Alerta Urbana que su mujer necesita hasta dos sesiones de quimioterapia al mes y que cada "sachecito" de medicación tiene un costo de $18 millones de pesos, lo que implica una inversión de $36 millones mensuales solo en ese insumo. El problema central es que el tratamiento no se provee hace dos meses.
El caso, que se suma a otros reclamos de afiliados oncológicos, llevó a una profunda reflexión sobre la sostenibilidad económica y la solidaridad de la obra social. Con una base de 160.000 afiliados aportantes, la diferencia entre lo que un afiliado promedio aporta ($30.000 mensuales) y lo que demanda un tratamiento catastrófico ($36 millones) genera un desbalance que pone en jaque la capacidad del sistema de salud solidario. .
El periodista destacó que la falta de provisión de tratamientos oncológicos, en un contexto donde el paciente con cáncer avanzado busca calidad de vida y esperanza, lleva a situaciones de "humillación" y desesperación. La denuncia evidencia que existe un riesgo de "racionamiento del medicamento" debido a que, posiblemente, los fondos no alcancen a cubrir las crecientes demandas. A los reclamos por quimioterapia se suman los de otras personas con cáncer que llevan meses sin recibir su medicación.
Ante este "cuello de botella" que amenaza con "estallar", el reclamo no solo se dirige a los funcionarios del Ejecutivo, sino también al Poder Legislativo. Se insta a los diputados a legislar de manera urgente para encontrar herramientas que garanticen la cobertura a los afiliados con enfermedades terminales, poner orden en las finanzas de la obra social y, sobre todo, "sincerarse" con la población sobre el estado real de los recursos y la posibilidad de seguir garantizando la cobertura total.
